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La ironía nunca ha sido tan evidente. Mientras los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debaten fervientemente la aprobación de SOPA, una ley destinada a combatir la piratería en línea, resulta que hasta 800 direcciones IP asignadas a la Cámara han estado descargando material con derechos de autor y compartiéndolo en BitTorrent.
La revelación proviene de YouHaveDownloaded, una web rusa que rastrea las IPs involucradas en la descarga de archivos populares en BitTorrent. Los resultados son impactantes: desde la misma institución que busca regular Internet, se están llevando a cabo descargas ilegales de libros de autoayuda, software, series de televisión y películas.
Resulta paradójico que aquellos encargados de elaborar leyes contra la piratería sean ellos mismos los infractores. Esto pone en tela de juicio la integridad de SOPA y otras medidas similares, ¿realmente están diseñadas para proteger los derechos de autor o simplemente para controlar el flujo de información en línea?
La hipocresía es evidente y deja en claro que el problema va más allá de la regulación de Internet. Es un recordatorio de que las leyes deben ser justas y aplicables a todos por igual, incluso a aquellos que las están redactando.
Ante esta revelación, surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena promulgar una ley que hará más daño que bien, cuando ni siquiera quienes la están respaldando cumplen con las mismas reglas que buscan imponer?
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